El Consejo de Ministros aprobará este martes la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas a alquileres asequibles. Una medida que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado domingo en Valencia, durante el cierre de la Conferencia Municipal del PSOE. 

El anuncio se produjo dos días después de que ERC y Bildu comunicasen que mostrarían su apoyo a la ley de vivienda del Gobierno, que se tramitará de manera urgente en el Congreso, y algo menos de dos años después de que el propio presidente Sánchez, entonces desde el XIII Congreso del partido celebrado en Mérida, prometiese la construcción "en los próximos años" de un parque de 100.000 viviendas  sociales -30.000 de ellas para jóvenes- en nuestro país. Una promesa que aún no se ha materializado. De hecho, el pasado domingo Sánchez aseguró, aunque esta vez sin concretar tanto, que el Gobierno trabajaría por aumentar el parque público de vivienda del 2,5% actual al 20%. 

En cualquier caso, en lo que respecta a la movilización de las 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas a alquileres asequibles, todo apunta a que el efecto que tendrá la medida será limitado: solo el 15% de la vivienda y el suelo que forma parte de la cartera de la Sareb está en capitales de provincia, las ciudades que, en líneas generales, más han sufrido el impacto de las fuertes subidas en los precios del arrendamiento. 

Los últimos datos disponibles que proporciona la Sareb señalan que el organismo dispone de un total de 133.314 inmuebles. Sin embargo, de este patrimonio solo 46.542 son viviendas ya construidas y 24.619, suelos disponibles. El resto se reparte entre obra en curso (14.202 unidades), inmuebles anejos (como trasteros y garajes) y terciarios (inmuebles destinados a actividad económica). 

De esas 46.542 viviendas, solo 7.087 se sitúan en capitales de provincia. Una proporción similar a la de suelos públicos, que se sitúa en 3.650 de los 24.619 terrenos disponibles. El plan del Ejecutivo, que se aprobará este martes en Consejo de Ministros, pretende transferir 21.000 viviendas de la Sareb a municipios y autonomías, promover el alquiler social en otras 14.000 ya habitadas y construir otras 15.000 en suelos de la entidad pública, según trasladan fuentes de Moncloa. 

Si se analiza el impacto de la medida ciudad a ciudad, se observa cómo Madrid, con 1.189 viviendas inscritas, es la urbe con mayor incidencia del país. Tras ella aparecen Murcia (1.105 viviendas), Barcelona (767 viviendas) y, a mayor distancia, Girona (347) o Valladolid (335). Grandes urbes como Valencia (279 viviendas) o Sevilla (49) registran cifras más modestas. 

No obstante, para medir el impacto que podría tener en el mercado del alquiler esta medida hay que tener en cuenta el número de personas que residen en cada municipio. Con esta métrica, el impacto se diluye todavía más. Así, Girona (con 340 viviendas de la Sareb por cada 100.000 habitantes), Ávila (249) y Murcia (240) son las capitales de provincia donde mayor efecto tendría la entrada en el mercado de los pisos de la Sareb. 

Mucho más lejos quedan las cuatro grandes urbes del país. En Barcelona, la Sareb dispone de 47 viviendas por cada 100.000 habitantes y apenas dos unidades de suelo. En Madrid, la proporción se reduce a 36 pisos y 3 suelos, mientras que en Valencia hay 35 viviendas y 17 terrenos por cada 100.000 residentes. Lejos queda Sevilla, donde apenas hay 7 viviendas y un suelo disponible por cada 100.000 habitantes.

Estos números son muy similares a los de otras ciudades donde los alquileres se han disparado considerablemente en los últimos años. Por ejemplo, en Palma de Mallorca apenas hay 24 viviendas de la Sareb por cada 100.000 habitantes, una proporción que se reduce a 21 en Las Palmas de Gran Canaria, a 18 en Málaga y a 2 y 3 en Bilbao y San Sebastián respectivamente.

La alternativa de Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta este martes su propuesta alternativa en materia de vivienda. En uno de los puntos constará que el Estado avale el 15% de la compra de la primera casa y el coste de la fianza del alquiler que imponen los propietarios a los más jóvenes.